Derecho Internacional Público y sus prismas

miércoles, 24 de junio de 2020

Sobre la Isla de Anacoco o Anakoko

Estado de la cuestión

Dr. Carmelo Borrego

La Isla de Anacoco es una pequeña porción de territorio de unos 28 Km2 que se encuentra ubicado al Norte de la confluencia del río Cuyuní y del río Venamo, cerca de la población de San Martín de Turumbán, considerado dentro de los límites del Estado Bolívar. Esta Isla siempre ha sido reconocida como territorio venezolano y forma parte de su integridad territorial, pero, a raíz del fraude arbitral de 1899 hizo que se iniciara la reclamación de parte de Guyana de la mitad de la Isla. Según información recabada: Venezuela siempre ha estimado y entendido, sin lugar a dudas, que es su territorio y que todo se debe a una malsana equivocación generada por los políticos guyaneses, al creer que el caño Brazo Negro corresponde al cauce del río principal del Cuyuni.

Por otro lado, en el vetusto plano levantado según la delimitación de enero de 1905 está un punto topográfico que corresponde al sur de la isla, cuyas coordenadas son: latitud norte 6º42'40-9"; longitud oeste de Greenwich 61º08'00-7", que fuera fijado como sitio de demarcación (absurda por demás) en una de las expediciones delimitantes espurias. Ello corrobora que la Isla no está dentro de los límites fraudulentos originados por el Laudo y en consecuencia, ese tema no está en discusión en ningún caso[1].

Venezuela determinada a evitar la perjudicial acción guyanesa, el 12 de octubre de 1966 tomó posesión militarmente de la Isla. Los guyaneses protestaron, en especial el Presidente Burnham el 14 de octubre de 1966 envió nota de protesta a Caracas señalando a la acción venezolana como un acto de agresión. Esa nota fue respondida enérgicamente por Venezuela a través de la Cancillería el 18 de octubre de 1966, al señalar que en ningún caso ese territorio ha estado en discusión y ha sido siempre territorio venezolano.

Desde esa época para acá existe plena posesión de la Isla y se encuentra una base militar en pleno funcionamiento, sin que hasta ahora haya habido mayor percance. Sin embargo, el tema es reabierto por el actual Presidente Granger, en su libro sobre geopolítica caribeña y sostiene, citando al Primer Ministro de Trinidad y Tobago el 15 de junio de 1975, Venezuela es una amenaza a la comunidad del Caribe, y adiciona, citando a Williams, que Venezuela ha alcanzado desde los años sesenta posiciones alrededor del Mar Caribe, cita el caso de Isla de Ave, Los Monjes y la acción de la Isla de Patos como posesiones[2]. Es decir, relatando antecedentes e historias reconstruidas espuriamente, en los que Venezuela es un país que tiene apetencias territoriales de otros pueblos. Además, en el caso de la Isla se menciona el hecho de una ocupación ilegal de una porción territorial en el río Cuyuni que es –írritamente- de Guyana. Es decir, para generar confusión en la imagen internacional de Venezuela. Por lo tanto, no ha habido un acto de agresión, sólo un acto de reivindicación.

El 14 de octubre de 2015 el Sr. Granger en un discurso dado frente a las GDF guyanesas en Georgetown señaló:

Guyana, en la actualidad, vive en una región caracterizada por la inquietud, la incertidumbre y la imprevisibilidad. Guyana, desde el momento de la creación de la Fuerza de Defensa de Guyana en 1965 y el logro de la independencia en 1966, nunca tuvo la oportunidad de disfrutar de la imperturbable "libertad" al igual que otros nuevos Estados del Caribe.

El Ejército Nacional de Venezuela ocupa el lado de Guyana de Isla de Anacoco en el río Cuyuni, que es la (occidental) frontera entre los dos estados, cinco meses después de la Independencia. Guyana ha tenido que defender su territorio contra un sangriento intento-venezolano instigado a la secesión de una región de más de 57 000 km². Guyana también ha tenido que defenderse de Suriname, en el este, que usará la fuerza armada para intentar la conquista de la zona de New River, un área de más de 15.000 km².

Este Sr. reconoce que la ocupación venezolana es del lado de lo que considera territorio guyanés, es decir, la frontera occidental, pues entiende que la otra parte es venezolana. Sin embargo, al plantearse en el discurso militar principiando con lo que ellos identifican, como acto de agresión contra la integridad territorial de Guyana, ya marca exactamente lo que debe quedar en la mente de los militares a quienes se les dirige el mensaje.

Por lo tanto, nótese que nuevamente refiere el caso de ANAKOKO como un ataque de despojoterritorial en una porción de tierra que está en el río Cuyuni, es decir, de manera manipuladora y abiertamente falsa, para engendrar en las tropas un sentimiento de aversión para que se apresten a respaldarlo en sus acciones y discurso guerrerista.

Este tipo de planteamiento montado bajo la especie de falsos positivos, como es la costumbre del Sr. Granger, deja muy claro que el perfil no es buscar caminos conciliatorios ni pacíficos. El Sr. Granger sabe muy bien que es falsa la tesis de que la Isla les pertenece por mitad, puesto como se ha demostrado anteriormente, la Isla queda en un sector hacia el lado norte del punto topográfico que fue señalado en 1905 y que corresponde al caño Brazo Negro en una conjunción del Cuyuni con el Venamo como se dijo al comienzo de este informe.

Por si fuera poco, otros actores, que van en la misma dirección manipuladora de Granger, el 23 de septiembre de 2015 el Sr. Hubert Williams en la WEB https://guyaneseonline.wordpress.com/2015/10/08/is-venezuela-the-big-bad-wolf-by-hubert-williams/#more-43186. Relata en un artículo titulado: El Gran Lobo Malo? Venezuela volvió a demostrar su fuerza superior cuando se apoderó de la isla fronteriza de Anakoko, de la que su vecino mucho más pequeño y muy débil no podía hacer otra cosa que protestar verbalmente. La Isla Anakoko, explica el citado, es un estrecho canal donde el coronel Ronald Papa (el británico que primero dirigió la Fuerza de Defensa de Guyana) señaló que Guyana era impotente para actuar, no había nada que se pudiera hacer, sobre todo mirar a los soldados venezolanos fuertemente armados que patrullaban lo que solía ser nuestro territorio. Aquí justamente esta la falsedad discursiva. Y continua señalando el articulista: En casi todos los aspectos de este conflicto, hasta ahora Venezuela, parece haber tenido toda la ventaja; con la actual Crónica, Caracas está "aceitando" sus armamentos y el aumento gradual de las cosas. Guyana, por otra parte puede estar moviéndose hacia discusiones preliminares, si tal ya no se han iniciado, con amigos influyentes en las capitales específicas que tienen algo más que armas de fuego y cohetes.

Las autoridades en Caracas deben saber que los militares están entrenados para no entrar en pánico; y por lo tanto, es poco probable que el Presidente recién elegido en Georgetown tenga una reacción de pánico. David Granger es un dínamo 3-en-1: estudioso, soldado, estadista / político que hace tanto tiempo, como estudiante universitario, realizó una investigación extensa en la disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela y por un tiempo trabajó conmigo. Ciertamente lo conoce muy bien.

Relata este conocedor de Granger: Este Presidente es menos probable que sea sólo un oyente.No se sabe cuál es el significado de la expresión, pero, es probable que pueda entenderse: es de armas tomar.

De modo que la pugna artificial generada por Guyana en relación con la Isla de Anakoko en octubre de 1966, le ha servido ahora al Presidente Granger para generar una nueva enfilada, en principio para alimentar el discurso nacionalista- chovinista contra Venezuela, y luego, a partir de esta inserción ideológica motivacional a sus tropas, procurar atizar más la campaña agresiva que le dé legitimación para emprender – junto con sus mejores aliados expertos en guerra preventiva- el escenario para una intervención militar a gran escala contra Venezuela; el discurso del día 14 de octubre de 2016, dejó muy claro cuál es el norte a seguir, prepararse para un conflicto bélico.

Nuevamente, el tema Anakoko vuelve a estar en el circo, pero esta vez, no como cuestión mediática, sino a través de la acción unilateral de demanda ante la CIJ. En dicha acción se solicita expresamente el retiro de Venezuela de la Isla, así como además se exigen otras cuestiones como la cesación de acciones o amenazas a los inversionistas e incluso, el pago de daños por responsabilidad internacional.

Por lo tanto, la Isla de Anacoco no está, a nuestro parecer, inmersa en el denominado Laudo (fraude) Arbitral de Paris de 1899, ni en el proceso de marcación írrito y por lo tanto, Venezuela está muy clara acerca de su soberanía e integridad territorial. Menos aún este asunto está señalado en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Cabe recordar que el 27 de noviembre de 1966, en una reunión entre el embajador de Venezuela en Guyana Sr Brandt y el Sr S.S Ramphal, representante actual de Guyana ante la CIJ como integrante del equipo jurídico demandante, señaló: (…) el gobierno de Guyana considera al Acuerdo de Ginebra sensato y no piensa desecharlo. No llevará el asunto de Anacoco a Naciones Unidas, ni otra parte fuera de la Comisión Mixta (instancia creada por el Acuerdo de Ginebra para resolver aspectos de la controversia territorial planteada). En realidad, no hubo durante la vigencia de la Comisión Mixta ningún planteamiento atinente al tema Anacoco. De modo que de manera impertinente y a destiempo o extemporáneamente se lleva este asunto ante la CIJ. Entonces, habrá que recordar la tesis de stoppel por aquiescencia en cuanto al mero planteamiento de la reclamación que, en su momento, no fue llevado a la instancia bilateral.Qui tacet consentire videtur.

[1] La necesidad que se haga un ploteo de todas las coordenadas que se relacionan con el fraude arbitral de 1899 y la demarcación de 1905 se hace imperiosa, aún cuando no se reconozcan los parámetros ofrecidos en los documentos de la época, en el libro de Elías Toro quien estuvo en ese proceso para ese entonces, se dejó en claro que la actividad técnica de demarcación fue interrumpida por la reclamación brasileña sobre este proceso, y luego por lo encumbrado y difícil del terreno existen dudas sobre la ubicación de los puntos.

[2]Desconoce abiertamente los laudos arbitrales favorables a Venezuela. El conflicto sobre la posesión de isla de Aves fue solucionado por medio de un laudo arbitral que declaró al territorio como espacio venezolano, siendo Isabel II de España la designada como árbitro a solicitud de ambos países, en 1860. Después de varios años de estudio de los alegatos, de consultas entre funcionarios y de elaboración de varios informes, los altos funcionarios del Ministerio de Estado, del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros dieron su opinión definitiva ante la reina, quien dictó sentencia el 30 de junio de 1865 a favor de los derechos venezolanos sobre la isla. En el caso de los Monjes: En 1952 el presidente Colombiano encargado, Roberto Urdaneta Arbeláez, ante un reclamo de Venezuela, y después de consultar a sus asesores reconoció la soberanía de Venezuela sobre los islotes de Los Monjes mediante la nota diplomática (GM-542): El gobierno de Colombia declara que no objeta la soberanía de los Estados Unidos de Venezuela sobre el archipiélago de Los Monjes y que en consecuencia no se opone ni tiene objeción respecto al ejercicio de la misma o cualquier acto de reclamación alguna que formular respecto al ejercicio de la misma o a cualquier acto de dominio de este país sobre el archipiélago en referencia.

martes, 5 de mayo de 2020

La Respuesta de la Fiscalía de la CPI de fecha 30 de abril de 2020, ante las opiniones sobre la jurisdicción de la CPI en el caso de Palestina y los territorios ocupados.

Prof Dr. Carmelo Borrego

La fiscal ante la CPI presenta sus conclusiones en el caso de Palestina, con especial mención al curso de acción que se tomó de manera excepcional, a la luz de las cuestiones jurídicas y fácticas especialmente complejas asociadas con los territorios palestinos ocupados (comprende Cisjordania, incluido el Este Jerusalén y Gaza) y las opiniones contrarias expresadas a fin de afianzar la tesis de la competencia de la Corte con respecto a los crímenes cometidos en dichos territorios[1].

Esas conclusiones tienen como precedente la opinión de unos 11 grupos de víctimas, 31 Estados Partes (de 8 Estados Partes directamente, y de 2 organizaciones internacionales que incluyen 23 Estados Partes, junto con más de 30 entes no estatales), y 33 académicos y organizaciones no gubernamentales organizaciones (individualmente o en grupos) así como amici curiae.

El problema principal radica en que los territorios ocupados no son reconocidos como territorio Palestino y por el contrario serían territorios de Israel. De hecho, Israel ni EEUU reconocen a Palestina como Estado soberano[2]. Siendo de esa manera, la CPI no tendría jurisdicción para enjuiciar aquellos crímenes cometidos en dichos territorios, pues rebasa la regla impuesta por el Derecho de los Tratados. La Fiscalía insiste en que la jurisdicción de la Corte si puede abarcar esos crímenes y, por ende, finalizó su examen preliminar y encontró razones suficientes para iniciar la investigación, posición que se ha visto atacada por distintos flancos e incluso rechaza al principio por las otras entidades de la misma Corte. El asunto es que la Sala para decidir abrió una suerte de incidencia en la que invitó a participar, no sólo a los estados interesados particularmente en el conflicto como serían Palestina e Israel, sino abrió el abanico de opciones a una cantidad indeterminada de participantes y sobre esta base, ante la última presentación de los amici curiae de los representantes de víctimas y de los estados, la Fiscalía se vio compelida a remitir su opinión donde enfatiza su razón de que la Corte sí tiene la jurisdicción suficiente para conocer y en consecuencia decidir y dice: Es la posición principal de la Fiscalía, como se explica en la Solicitud, que "una vez el Estado se convierte en parte del Estatuto, la Corte tiene derecho automáticamente a ejercer jurisdicción sobre los crímenes del artículo 5 cometidos en su territorio "sin más", es decir, sin mayor evaluación por los órganos de la Corte en cuanto a la condición de Estado del Estado Parte. Esto se deriva principalmente de los artículos 12 y 125 del Estatuto. En particular entiende la Fiscalía: Eso es coherente con el principio de que los órganos de la Corte (incluida la Fiscalía) no deben permitirse ser arrastrados a la toma de decisiones políticas sobre la membresía del tratado por los estados y que las cuestiones de capacidad para unirse a los tratados se resuelven mejor por los Estados a sí mismos.

Enfatiza la fiscalía que la Corte sólo le queda guiarse por los fines del Estatuto. Si bien esto no es declaratorio de la naturaleza de la entidad para los propósitos más amplios del derecho internacional público, colocaría a los órganos de la Corte en una posición nociva para tener que "adivinar" el estado legal de un Estado Parte y la consecuencia de su membresía en ausencia de una clara posición contraria autoritariamente reflejada por la Asamblea de los Estados Partes ("ASP"). También otorgaría a los órganos de la Corte una autoridad para invalidar la adhesión de un Estado Parte, que está lejos de ser claro que posean.

No pierde tiempo la Fiscalía en afianzar su posición inicial de continuar con la investigación, sin necesidad de la autorización, pues el estado parte Palestina habría utilizado el mecanismo del artículo 14 del Estatuto para que se inicien las indagaciones necesarias para establecer la responsabilidad penal de los autores y partícipes de los crímenes denunciados por el estado palestino.

Ahora tiene la palabra la Sala correspondiente para apoyar o no la iniciativa tomada por la Fiscalía de la CPI, al parecer, la fiscalía actúa con suficiente fundamento jurídico objetivo para que pueda continuarse el procedimiento iniciado.

[1] Los antecedentes del caso según la Web site de la Corte: Al recibir una remisión o una declaración válida hecha de conformidad con el artículo 12 (3) del Estatuto de Roma, el Fiscal, de conformidad con la Regulación 25 (1) (c) del Reglamento de la Oficina del Fiscal, y como un asunto de política y práctica , abre un examen preliminar de la situación en cuestión. En consecuencia, el 16 de enero de 2015, el Fiscal anunció la apertura de un examen preliminar de la situación en Palestina para determinar si se cumplen los criterios del Estatuto de Roma para abrir una investigación. Específicamente, de conformidad con el artículo 53 (1) del Estatuto de Roma, el Fiscal considerará cuestiones de jurisdicción, admisibilidad e intereses de la justicia al tomar esta determinación. El 20 de diciembre de 2019, el Fiscal anunció que después de una evaluación exhaustiva, independiente y objetiva de toda la información confiable disponible para su Oficina, el examen preliminar de la Situación en Palestina ha concluido con la determinación de que todos los criterios legales establecidos en el Estatuto de Roma para apertura de una investigación se han cumplido. Sin embargo, dados los problemas legales y fácticos relacionados con esta situación, de conformidad con el artículo 19.3 del Estatuto de Roma, el Fiscal solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I una resolución jurisdiccional sobre el alcance de la jurisdicción territorial de la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 12 ( 2) (a) del Estatuto de Roma en Palestina. El 28 de enero de 2020, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emitió una orden que establece el procedimiento y el calendario para la presentación de observaciones sobre la solicitud del Fiscal en virtud del artículo 19 (3) del Estatuto de Roma en relación con el alcance de la jurisdicción territorial de la Corte en el Situación en el Estado de Palestina (https://www.icc-cpi.int/palestine). En todo caso, Palestina solicitó conforme al artículo 14 del Estatuto la remisión del caso para que se abriera la investigación lo que supondría su apertura sin necesidad de la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para ello. Sin embargo, la Fiscalía ante este asunto sobrevenido, señaló que no se podía entender abierta la investigación, pues estaba por resolver el aspecto de los territorios ocupados y hasta dónde podría abarcar la investigación que eventualmente podría seguir la CPI, cuestión que se resolvería una vez que la Sala de Cuestiones Preliminares se pronuncie especialmente sobre este asunto.

[2] De hecho, no existe un reconocimiento pleno de Palestina como Estado, pues en la ONU apenas alcanza ser un Estado “observador no miembro”. Principalmente debido a la oposición de EEUU ante el Consejo de Seguridad para avalar el reconocimiento. En el territorio de la Unión Europea sólo el reconocimiento lo ha dado Suecia. Sin embargo, en total 136 países reconocen a Palestina como estado soberano.

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