Prof. Dr Carmelo Borrego
En teoría, el proceso es una garantía del Estado de Derecho para el establecimiento de las afirmaciones y de los hechos que jurídicamente deben resolverse[2]. Se busca precisar las hipótesis que constituyen una o varias conjeturas sobre el objeto de juicio. Cabe preguntarse, si el proceso ideado para resolver las controversias entre Estados ante la CIJ es algo fuera de lo común al que no le resultan aplicables reglas del Derecho Procesal, e incluso, al resto de aquellos conocidos por los Derechos internos. La respuesta es un: no. Las actividades judiciales ante la CIJ se traducen en actos procesales y esos actos procesales conducen a una solución judicial denominada sentencia y es normalmente ese acto procesal el que define el conflicto sometido a conocimiento de esta instancia judicial internacional, bajo el proceso que ella está obligada a seguir con rigor. Obviamente, al tratarse de un procedimiento especial tiene sus propias características que lo hacen diferente, nadie podría afirmar lo contrario.
Así, el procedimiento seguido por la CIJ se puede dividir en cuatro fases: la afirmación (solicitud o demanda y memoria complementaria), la contestación(objeciones a la acción o al tribunal o al procedimiento y contramemoria), la comprobación (argumentaciones y pruebas) y la resolución (sentencia). Obviamente, los incidentes, en el marco de la contradicción, generan una actividad procesal que puede perfectamente concluir en una decisión que ponga fin al procedimiento o paute su continuidad.
Dentro de ese recuadro, la materia probatoria es la columna vertebral del juicio y de los procedimientos en cualquiera de sus escenarios (nacional o internacional). Esta aseveración encuentra su mejor ambiente como instrumento fundamental de la juridicidad, donde las formalidades no esenciales ceden ante la importancia del valor justicia, idea que se concilia con el acceso sin obstáculos y la tutela judicial. Sin embargo, en la actividad internacional el campo de los medios políticos[3] también es conducente a resultados que jurídicamente son relevantes, es decir, un conflicto puede terminar por negociaciones directas de las partes o mediadas, claro, cuando se llega al estadio judicial es más propenso a que sea el medio judicial el camino idóneo, aunque también puede haber actividad paralela de negociación que conlleva a resolver y dar por concluida la instancia judicial. Por lo tanto, no necesariamente un proceso judicial iniciado debe llegar forzosamente a una sentencia de mérito o de fondo, los Estados partes juegan un papel preponderante en la ejecutoria de la controversia, pues el dato esencial es que la instancia judicial internacional no se activa sin que haya habido consentimiento de ellas para el curso del medio jurisdiccional y el reconocimiento de la Corte como instancia que puede dirimir el objeto litigioso.
Un breve repaso sobre la prueba
Visto en forma particular, la función del juez o jueces en la sentencia se circunscribe a comprobar o improbar las afirmaciones o hechos. Para que se produzca una decisión acorde con el ente litigioso, el que juzga debe tener la certeza,más allá de duda razonable sobre la proposición probada y de mejor Derecho entre las partes contendientes (conformidad o disconformidad sobre las alegaciones y pruebas). De modo tal que la concreción de estos dos aspectos, en cada juicio, la consigue el juez mediante la valoración de las pruebas cursantes en autos. Así, la esfera probatoria se compone de dos áreas fundamentales:
- El elenco de pruebas o clasificación de los medios probatorios admisibles.
- La apreciación que de los mismos haga el juez.
Para desarrollar estas cuestiones, el Derecho Probatorio contempla diversos sistemas o modelos aplicables a cada una de ellas. El diseño probatorio del medio judicial ante la CIJ es abierto, no existe un elenco probatorio, ni tampoco está contemplada formas de valoración de los medios de prueba presentados por las partes y sólo quizás ha de entenderse, como lo expresa el artículo 56 del Estatuto, a la motivación de la decisión sea esta incidental o de fondo, lo que propende más a un sistema de libre apreciación y de sana crítica fundada en razones jurídicas.
En relación a la valoración probatoria el método de libre apreciación de las pruebas denominado sana crítica,por oposición al sistema de la tarifa legal de otros tiempos, queda instaurada la libertad del juez para otorgarle a cada medio probatorio en particular, el valor probatorio que haya estimado bajo un procedimiento de raciocinio, en el cual se debe expresar los fundamentos y la forma como arriba a determinada convicción; todo ello sin necesidad de sujetarse a los valores predeterminados. De modo que este sistema de “sana crítica argumentativa” consiste en la atribución de libre valor fundado. Valga mencionar que la prueba es una relación inferencial que partiendo de un dato conocido se llega al conocimiento probabilístico de un asunto incierto. Walter advierte, que no se debe aprovechar la libre apreciación de la prueba para escudar un elemento que contenga fallas de proveniencia o de certeza sobre el contenido, expresa el citado:La libre apreciación intervendría en el tiempo y por lógica sólo tras haberse resuelto, sobre la base de otras reflexiones, la cuestión de la admisibilidad o del cumplimiento del deber de esclarecimiento. Sólo cuando se haya aclarado que determinada circunstancia constituye un motivo de prueba licito, se pasará a apreciar la prueba[6]
Entonces, para llegar a la convicción, la labor juzgadora irá hacia la depuración de toda pluralidad probatoria. Así el trabajo racionalizador es su esencia.
Una imagen general de la prueba dice en qué puede consistir esta actividad central de todo juzgamiento. Así, la doctrina más tradicional ha definido a la prueba desde diversas perspectiva como actividad, como medio, como un acontecimiento natural, entre otras y algunas de esas afirmaciones se destacan: crear el convencimiento del juez sobre la existencia o no existencia de hechos de importancia en el proceso (Chiovenda; 1954: 221); Prueba tiene el significado que a través de ella se expresa el resultado de la actividad probatoria, el hecho de la convicción del juez (Kisch); Benthan Jeremías: un hecho supuestamente verdadero que se presume debe servir de motivo de credibilidad sobre la existencia o inexistencia de otro hecho (1959: 21); Martínez Rave: todo aquello que puede servir de medio de convicción; Carrara: todo lo que sirve para darnos certeza de la verdad de una proposición (1957: 381) Florian: Todo aquello que en el proceso pueda llevarnos al esclarecimiento de los elementos necesarios al juicio que pone fin al proceso mismo (1934:101); Fenech: Los actos procesales cuya función es formar el convencimiento del juez o tribunal sobre la verdad de los hechos objeto del proceso (1952: 700); Prieto Castro: Prueba es la actividad que desarrollan las partes con el tribunal para llevar al juez la convicción de la verdad de una afirmación o para fijarla a los efectos del proceso( 1955:298).Maier: todo aquello que en el procedimiento representa el esfuerzo por incorporar los rastros o señales que conducen al conocimiento cierto o probable de su objeto(1999:858).
Ahora bien, la secuencia anterior de conceptos da una idea de dos cuestiones claramente diferenciadas: 1) la actividad probatoria, y 2) los medios probatorios. Ciertamente, la actividad probatoria se verifica en actos procesales que pasan entre la promoción de los medios hasta su explanación en el juicio y es lo que en definitiva queda figurado a efectos de su apreciación posterior por parte del juzgador. De modo que los medios son los conductos en que se lleva a conocimiento del juez o jueces la verdad sobre lo ocurrido o las afirmaciones contrastadas para derivar de ellas un criterio de relevancia de mejor convencimiento. Los testimonios, los documentos, las experticias, las inspecciones, las declaraciones juradas, los informes, constituyen ese universo de medios que sirven para conducir ese conocimiento de lo ocurrido, a través de un proceso de investigación y constatación histórica.
En tal sentido, de cara a la legalidad de la CIJ, la conocida prueba documental, se constituye en la principal prueba aludida en el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, este dato es importante, pues los documentos o la prueba documental como medio, es un reflejo del registro histórico de determinadas relaciones jurídicas, sirve para afianzar los alegatos utilizados por las partes. Es evidente que el documento, como pieza clave histórica, podría estar plasmada en cualquier objeto, por ello, sólo puede denominarse como tal y causar efectos porque muestra un acontecimiento capaz de definir esas relaciones entre humanos, entre grupos o individualidades, personas identificables, o entre estados o de estos y las organizaciones internacionales. Por ello, se dice que cualquiera sea el medio donde haya sido originado, es suficiente para tenerse como documento, es decir, que no necesariamente el papel es el único instrumento que contiene un documento, puede ser una piedra, un pedazo de metal, un papiro, un lienzo o un medio virtual o electrónico como también se le conoce.
Ahora bien, la relevancia del documento para el proceso radica en dos aspectos a señalar: 1) Aquellos documentos que preexisten al proceso 2) Los documentos que se construyen a partir de la relación procesal, basado en la confección de los actos por los sujetos procesales. De los primeros, puede decirse de su reducido campo de utilización, pues en muchos casos, los documentos no son reveladores directos del conflicto planteado, muchas veces se trata de datos referenciales cuyos contenidos van formando un conjunto o cúmulo evidenciario de la situación controvertida. Por ejemplo, una situación de acontecimiento transfronterizo entre dos estados, depende en parte de un documento demostrativo de esa relación factual con relevancia jurídica, pero, a través de otras pruebas se logrará establecer el hecho ocurrido y sus consecuencias.
Sin embargo, la prueba documental sí resulta imprescindible a partir de la relación jurídica previa y que haya generado algún conflicto ex post factum, puede citarse el caso de la bigamia, donde el documento del segundo matrimonio es relevante para derivar un principio de investigación a efectos de establecer los estratos del delitos a partir del sustantivo conductual. El cheque sin fondo para establecer el tipo penal de cheque sin provisión de fondos. El documento público falsificado[9], bien desde la perspectiva material[10] o ideológica[11]. El documento público que muestra la minoridad de una persona a efectos de la competencia de los tribunales penales. La demostración de la propiedad de un determinado bien mueble para desvirtuar la apropiación indebida[12]. Además, en materia internacional tienen relevancia los tratados, los convenios y otros documentos confirmatorios de una relación bilateral o multilateral entre sujetos internacionales y su aplicación. En el supuesto de un conflicto jurídico entre Estados, el intercambio de notas diplomáticas y documentos demostrativos de esas relaciones jurídicas. Otro tanto, en los hechos ilícitos preeminencia especial adquieren esas cuestiones que definen el hecho ocurrido y todo cuanto pueda apoyar la situación controvertida. Obviamente, esos acontecimientos están estrechamente vinculados a la actividad documental realizada por los Estados o por el Estado reclamante.
De los documentos públicos y privados
Desde una perspectiva clásica, el documento suele clasificarse de dos maneras, bien que corresponda a un documento de carácter privado, o que el documento se le dé carácter público.
En el caso de los documentos públicos, por lo general, son provenientes de actos públicos, entre sujetos identificables, normalmente redactados con determinadas formalidades y pasado ante un notario o registrador autorizado por la ley para dar fe pública o aquellos emitidos por entidades gubernamentales entre estados, demostrativos de actos oficiales con efectos internacionales. Las partidas demostrativas de la persona, su identidad, estado civil, condición profesional, pertenencia de bienes inmuebles o muebles en el caso que se requiera, o cuando se exige el registro de determinados documentos privados ad probationem. Así, el Código Civil define de una manera muy tradicional ese tipo de instrumentos. Pero, también existe una determinada categoría de documentos que la ley los cataloga como si se tratase de documentos públicos, debido a que generan un estado de confianza en las relaciones entre particulares y con el Estado, el caso de los cheques, las letras de cambio, letras del tesoro, los certificados de garantías, el pagaré, los testamentos pasados frente a testigos y demás documentos transmisibles por endoso[17]. Estos documentos adquieren protección especial por imperio de la ley, aunque no cumplen con la formalidad de ser autorizados por un funcionario público que da fe pública a los actos públicos o privados con fines probatorios.
Los documentos públicos en esencia, tienen una eficacia probatoria privilegiada; pero puede ser atacada su validez; esa impugnación sería a través de la falsedad documental. Es relevante mencionar que sea cual sea la plataforma utilizada para dar fe pública, puede generarse el acto público y por consiguiente entenderse la existencia de un documento público.
En relación con las copias de los documentos constituyen prueba fidedigna siempre que no sean desvirtuadas[18] y tenidas por las partes como fidedigna a través de certificaciones. De lo contrario, carecen de total validez.
Los documentos privados no tienen esa característica de formalidad y exigencias de validez con fuerza erga omnes. Es clave en este asunto señalar que aquellos documentos privados ad probationem que no son registrados no son oponibles a terceros, sino que marcan una relación inter partes, por ejemplo, la venta de un inmueble si no se registra no puede ser invocada en contra de terceros; claro en el caso de un fraude, la venta simultánea sin registro de algunas de las ventas realizadas constituiría la apertura de la investigación penal para determinar la conducta del agente que pretende vender a varias personas el mismo inmueble. Pero, por lo general, los documentos privados son demostrativos de una correlación jurídica entre personas y son oponibles entre ellos; valga en este caso mencionar la compra - venta de muebles, enseres y demás productos que por sí no requieran el registro público; distinto es el caso de los vehículos y las aeronaves, ambos bienes muebles están sometidos a un régimen especial, por lo que siempre se exige un registro, no sólo de venta entre partes, la que ha de ser autenticada frente al notario, sino que esa venta debe ser llevada al registro público de vehículos o de aeronaves para que la titularidad quede fijada para ser oponible a terceros y así se valide su circulación con la asignación de determinada identificación.
En materia internacional esas relaciones están definidas en el marco de los documentos públicos, pero, es posible que sea imprescindible conocer algunos documentos privados que dicen del comportamiento de los funcionarios o de una persona con relevancia en la controversia. Los documentos privados no gozan de especial apreciación en materia internacional, ha de colegirse con otros elementos coadyuvantes para que puedan brindar certeza, y, por regla general, los documentos privados como las cartas, telegramas, diarios personales u otros con características similares para su valor en juicio, siempre deberán ser sometidos a reconocimiento o de lo contrario han de ser tachados. Al tratarse de documentos privados con data superior a la vida de su autor, será muy difícil realizar los cotejos, a menos que a través de otras pruebas o documentos más fidedignos o indubitables pueda establecerse certeza de su contenido.
Un problema especial constituye los denominados documentos apócrifos, entendido como aquellos que no puede determinarse la autoría o la relación histórica, y que en consecuencia, no podría constituir una fuente confiable para validar el hecho histórico, basándose en los contenidos probablemente probatorios del texto. Pues bien, como se dijo se desconoce la exactitud de la autoría y la realidad en el tiempo cuando se escribió. Por ejemplo, se dice de los libros apócrifos añadidos a la Biblia (evangelios). Empero, el concepto de documentos apócrifos también se liga a la falsedad documental, como en el caso de las copias de un determinado video o la copia de una determinada obra de arte, o trabajo literario. En general, todo lo que ha sido reproducido sin autorización legal. En estos casos es complejo establecer la autoría de tales actos y por ende, su enjuiciamiento. La mayoría de estas acciones se representan en relaciones privadas y actividades de este género.
Un detalle no menos notable es que los documentos privados pueden considerarse a partir del intercambio electrónico de documentos digitales que sirven de prueba de determinados vinculos jurídicos y acuerdos generados con tal propósito. Esto hoy por hoy es un hecho incontestable y, por lo tanto, cualquier acontecimiento estaría sometido a una demostración de realidad virtual para verificar sus fuentes.
Los documentos ante la escena judicial internacional
En materia internacional es evidente el uso de documentos como ya se ha señalado en párrafos previos. Estos documentos deben ser presentados bajo una determinada sistemática que el propio Reglamento documenta en su artículo 50 y como bien lo señala Rosenne la Corte en aplicación del principio actori incumbit probatio, ha de exigir que formalmente a la parte que afirma o plantee una reclamación tiene la obligación de establecer los hechos y el derecho aplicable lo que pasa por la prueba, y si es documental con más razón evidentemente. Es decir, cada hecho debe tener una relación con la prueba y el enlace necesario para aplicar el Derecho a la afirmación o hecho probado. Cuando se trata del mismo objeto en discusión o disputa, por ejemplo, un territorio querellado, cada parte tendrá la obligación de establecer el caso. Es decir, la carga de la prueba (onus probandi) se divide entre los alegatos contradictorios. Esto conlleva a afirmar que cada quien debe demostrar su dicho o afirmación para que la Corte pueda establecer la relación de mejor Derecho uno frente al otro. Entonces, si los documentos presentados por un Estado en su memoria o en la solicitud inicial, vienen con defectos en sus fuentes, que incluso abraza a los documentos privados, su certeza, a efectos de valoración, será escasa o nula.
En tal sentido, cabe hacer especial referencia a cuándo se está en presencia de una prueba irregular, vinculada a los defectos, al respecto, la doctrina señala que existe una prueba irregular cuando ésta se produce por la inobservancia de una norma procesal que regula su obtención o su actuación. Ello va muy relacionado con la autenticidad, por lo tanto, todo juez antes de la valoración probatoria documental debe tener seguridad de que el documento implica la certeza sobre su autenticidad, lo que evidentemente implica las fuentes de donde proviene. Si ello no está presente, entonces poco probable se podrá verificar su existencia. No se trata de un mero requisito administrativo, sino eminentemente procesal que afecta a la prueba documental.
Empero, al parecer como expresa Quintana, puede la parte, a pesar del desacuerdo de la otra, hacer las correcciones en las audiencias, pues nada impide que lo pueda realizar. Esta solución ofrecida por el autor citado, bajo su propio criterio en análisis al artículo 52.3 del Reglamento, se refiere a casos donde los errores materiales son evidentes y no necesariamente a la falta de veracidad de la fuente del documento, lo que inspira el cuestionamiento. De tal manera que el defecto, siendo esencial, no hay posibilidad de enmendarlo y la conclusión necesaria es la exclusión del documento. Puede citarse el caso de la application of the Genocide Convention (1994), el demandado (Yugoslavia) se queja en un escrito de que la memoria del solicitante no cumplía con las disposiciones del Estatuto y el reglamento.
No obstante, ha de acotarse que el propio artículo 52.3 del Reglamento deja la decisión a la Presidencia de la Corte considerando la opinión de la otra parte. Esta última tesis deja colar la opción del rechazo a la prueba documental presentada con defectos y como dice Devis Echandia, no hace falta declarar la nulidad de una prueba, pues con sólo desecharla y no darle valor demostrativo es suficiente.
En definitiva, el Reglamento es preciso en cómo deben presentarse los documentos anexos y si existe una falla que perjudica su veracidad, entonces es prudente señalarlo para que la Corte tome una determinación de desecharlo o hacer que la parte que presenta la prueba deba corregir sus errores, en todo caso, la contraparte, debe señalar a la Corte el deber de rechazar las pruebas irregulares o defectuosas o indicar que no se le otorgue ningún valor probatorio.
Otro asunto importante es que dentro de las irregularidades de los documentos anexados a la causa se observen las discrepancias entre ellos o una mala o deficiente traducción del documento que genera contradicciones con los originales, lo que afecta a los alegatos de la parte que presentó el o los documentos defectuosos, en cuyo caso, es más factible que la invocación del adversario tenga más contundencia y la Corte deba rechazar el documento y el alegato que le acompaña. Tal es el caso del laudo arbitral del Rey de España (Honduras/Nicaragua), donde se encontró discrepancias en los documentos y se ordenó el retiro de tales instrumentos imperfectos y, en el caso de Continental shelf (Libia/Malta)(1985), el examen cruzado de un experto estableció la inexactitud de la reproducción de un artículo científico presentado por la parte adversa.
En cuanto a los documentos privados elaborados y utilizados posteriormente por una parte en juicio ante la CIJ con la intención de perjudicarle con argumentos y datos falsos, evidentemente estos documentos carecen de todo valor probatorio, ya que no responden a ninguna versión oficial y, por el contrario, al ser realizados bajo el cometido central de damnificar a un gobierno de ese Estado, por ende, no queda otro recurso que su descarte definitivo mediante la tacha que debe hacer la representación del Estado perjudicado.
Otro tema relevante, es sobre los documentos realizados en idioma distinto al que corresponde a la Corte, el artículo 51 del Reglamento establece que cuando un DOCUMENTO anexo a un escrito no se encuentre en una de las lenguas oficiales del Tribunal, se acompañará una traducción a una de estas lenguas certificadas por la parte que lo presente como exacta. La traducción puede limitarse a una parte de un anexo, o a extractos del mismo, pero, en este caso, debe ir acompañada de una nota explicativa que indique qué pasajes se traducen. Sin embargo, el tribunal puede exigir que se proporcione una traducción más extensa o completa. Ello tiene el sentido de mirar el contexto en que fue realizado el documento que se presenta.
Asimismo, puede acontecer que conforme al artículo 39.3 del Estatuto si se utiliza un idioma distinto al francés o el inglés, se adjuntará a cada escrito una traducción certificada como exacta por la parte interesada presentante del documento de alegatos a cualquiera de los dos idiomas que maneja la Corte.
En particular, a los efectos de la audiencia oral, toda documentación que se presente después de cerrada la fase escrita debe cumplir con un determinado orden.
Esto es:
1. Ninguna de las partes podrá presentar más DOCUMENTOS al Tribunal, excepto con el consentimiento de la otra parte o según lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo. La parte que desee producir un nuevo DOCUMENTO deberá presentar el original o copia certificada del mismo, junto con el número de copias requeridas por la Secretaría, la cual se encargará de comunicarlo a la otra parte e informará al Tribunal. Se considerará que la otra parte ha dado su consentimiento si no se opone a la exhibición del DOCUMENTO.
2. A falta de consentimiento, el tribunal, oídas las partes, podrá, si estima necesario el DOCUMENTO, autorizar su producción. Es decir, el tribunal deberá determinar la importancia, oportunidad y pertinencia del documento para aclarar o sustanciar mejor las alegaciones y contra alegaciones planteadas.
3. En tal caso, si se produce un nuevo DOCUMENTO de conformidad con el párrafo 1 o el párrafo 2 de este artículo 56, la otra parte tendrá la oportunidad de comentarlo y presentar DOCUMENTOS en apoyo de sus comentarios. Por un mero ejercicio de la igualdad procesal y probatoria.
Afirma el reglamento que está prohibido hacer referencia durante el juicio oral al contenido de ningún DOCUMENTO que no haya sido producido de conformidad con el artículo 43 del Estatuto o el artículo 56 y las reglas directivas. La excepción a la regla viene señalada por la siguiente expresión: a menos que el DOCUMENTO sea parte de una publicación de fácil acceso.
Existe además una explícita orientación en cuanto a los documentos audiovisuales que pretendan las partes presentar conforme al reglamento, en tal caso, la regla directiva IX quater señala: conforme al artículo 56 del Reglamento de la Corte, toda parte que desee presentar en las audiencias material audiovisual o fotográfico que no haya sido previamente incluido en el expediente del procedimiento escrito deberá presentar una solicitud a tal efecto con la suficiente antelación. Deberá, además, indicar la fecha en que esa parte desea presentar ese material para permitir que la Corte tome su decisión después de haber obtenido la opinión de la otra parte.
2. La parte interesada deberá explicar en su solicitud por qué desea presentar el material audiovisual o fotográfico en las audiencias. Quizás en eventos sobre actos ilícitos que sirvan de sustento a la argumentación y que muestran pertinentemente pasajes de lo acontecido.
3. La solicitud de una parte para presentar material audiovisual o fotográfico debe ir acompañada de información sobre la fuente del material, las circunstancias y la fecha de su elaboración y la medida en que está disponible para el público. La parte en cuestión también debe especificar, cuando corresponda, las coordenadas geográficas en las que se tomó ese material. De lo contrario, es muy evidente su rechazo y oposición de la otra parte em juicio.
4. El material audiovisual o fotográfico (documento) que el interesado pretenda presentar se depositará en el Registro en cinco ejemplares. El Secretario comunicará una copia a la otra parte e informará al Tribunal en consecuencia.
5. Corresponderá a la Corte la oportunidad para decidir sobre la solicitud para la presentación audiovisual o fotográfico, después de considerar las opiniones expresadas por la otra parte y teniendo en cuenta cualquier cuestión relativa a la buena administración de justicia que pudiera suscitar dicha solicitud.
Todas estas cuestiones referidas al procedimiento ordinario ante la Corte definen un ejercicio de control de las partes y su evidente contradicción (principio de contradicción) sobre toda prueba documental que desee presentarse como apoyo a las alegaciones u argumentos, lo que también involucra tanto a la solicitud o demanda como a la memoria o contramemoria, de ahí, la necesidad de cumplimiento riguroso para la presentación de la prueba. Estos datos dan crédito suficiente para que el Tribunal pueda apreciar la prueba y acompañar la motivación del fallo siendo interlocutorio o definitivo. La obligación del tribunal es evaluar cuáles documentos son demostrativos de las afirmaciones o contradicciones de fondo y cuáles puedan ser coincidentes y cuáles no, de ahí que es muy delicado valorar pruebas sin un discernimiento evaluativo preciso y consustanciado con las afirmaciones de cada parte. De lo contrario, se cae en un falso supuesto y por ende, una errata en la apreciación de la prueba. Por lo tanto, la sentencia debe ser reflejo de análisis calificador para no dejar dudas insuperables; hay que destacar que este procedimiento ante la CIJ es único, es decir, de una sola instancia, por ende, inapelable. Quizás, la revisión e interpretación de la sentencia definitiva permita una revisión, pero, difícilmente, salvo prueba contundente, la Corte cambiará su criterio expresado en su decisión, lo que puede ser una injusticia si la valoración de la prueba ha sido pasada por un falso supuesto. Venezuela tuvo el infortunio de vivir este episodio relacionado con el falso supuesto con respecto a la prueba documental, el tribunal interpretó y dedujo elementos afirmatorios que no estaban en los contenidos de los documentos acompañados, ni en la memoria del solicitante, ni en el memorándum anexado por Venezuela para apoyar a la Corte en su actividad obligatoria de evaluar su jurisdicción, y que analizados correctamente hubieren arrojado un resultado distinto.
Así, el Artículo 62 del Reglamento establece: 1. La Corte podrá en cualquier momento pedir a las partes que presenten las PRUEBAS o que den las explicaciones que la Corte considere necesarias para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los asuntos en cuestión, o podrá buscar ella misma otra información a tal efecto. 2. El tribunal podrá, en su caso, disponer la comparecencia de un testigo o perito para que rinda declaración en el proceso. En tal caso la Corte puede citar a testigos y peritos que figuren en la lista que fuera comunicada a la Corte con base en el artículo 57 del referido reglamento. El artículo 63: Las partes podrán citar a los testigos o peritos que figuren en la lista comunicada a la Corte de conformidad con el artículo 57 de este Reglamento. Si en cualquier momento de la audiencia una parte deseare citar a un testigo o perito cuyo nombre no estuviera incluido en dicha lista, así lo hará saber al Tribunal y a la otra parte, y suministrará la información requerida por el artículo 57.
[9] En los tipos penales del Código Penal que siguen, se muestra la formación falsa del acto público y la alteración de uno verdadero. Los actos públicos son los contenidos del documento. Véase: Artículo 316. El funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones haya formado, en todo o en parte, algún acto falso o que haya alterado alguno verdadero, de suerte que por él pueda resultar perjuicio al público o a los particulares, será castigado con presidio de tres a seis años. Si el acto fuere de los que, por disposición de la ley, merecen fe hasta la impugnación o tacha de falso, la pena de presidio será por tiempo de cuatro a siete años y medio. Se asimilan a los actos originales las copias autenticas de ellos cuando, con arreglo a la ley, hagan las veces del original faltando este. Artículo 317. El funcionario público que, al recibir o extender algún acto en el ejercicio de sus funciones, haya atestado como ciertos y pasados en su presencia hechos o declaraciones que no han tenido lugar, u omitido o alterado las declaraciones que hubiere recibido, de tal suerte que pueda de ello resultar un perjuicio al público o a los particulares, será castigado con las penas establecidas en el artículo precedente.
The application of the Convention on the Prevention and punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia Montenegro) (2007) ICJ Reports 43 (Genocide Case). Además, documenta el artículo 43 del Reglamento: Siempre que se cuestione la interpretación de una convención en la que sean partes Estados distintos de los interesados en el caso en el sentido del artículo 63, párrafo 1, del Estatuto, la Corte considerará qué instrucciones debe dar al Secretario en la materia. 2.Siempre que se cuestione la interpretación de una convención en la que una organización internacional pública sea parte en un caso ante la Corte, la Corte considerará si el Secretario debe notificarlo a la organización internacional pública en cuestión. Toda organización pública internacional notificada por el Registrador podrá presentar sus observaciones sobre las disposiciones particulares de la convención cuya interpretación se trate en el caso. 3. Si una organización internacional pública estima conveniente presentar sus observaciones en virtud del párrafo 2 de este artículo, el procedimiento a seguir será el previsto en el artículo 69, párrafo 2, de este Reglamento. Ello implica que se torna de extrema importância analizar el documentos internacional a fin de estabelecer su interpretación fidedigna.
[17] Véase el artículo 325 del Código Penal venezolano que reza: Para la aplicación de las disposiciones de los artículos precedentes, se asimilan a los funcionarios públicos los individuos que han sido autorizados para afirmar actos a los cuales la ley atribuye autenticidad. Con el mismo fin se asimilan a los actos públicos los testamentos otorgados solo ante testigos, las letras y libranzas de cambio y todos los títulos de crédito al portador o que sean transmisibles por endoso.
El artículo 50 dice 1. Se adjuntarán al original de cada alegato copias certificadas de todos los DOCUMENTOS pertinentes aducidos en apoyo de las alegaciones contenidas en el alegato. 2. Si sólo son pertinentes partes de un DOCUMENTO, sólo deberán adjuntarse los extractos que sean necesarios a los efectos del escrito en cuestión. Se depositará en el Registro una copia del DOCUMENTO completo, a menos que haya sido publicado y esté fácilmente disponible. 3 Una lista de todos los DOCUMENTOS adjuntos a un escrito se proporcionará en el momento de la presentación del escrito.
Adicionalmente son aplicables a las reglas expuestas lo señalado en las directivas prácticas y en especial la IX bis y ter que señalan: Las partes en un procedimiento ante el Tribunal deberán abstenerse de presentar nuevos DOCUMENTOS con posterioridad al cierre del procedimiento escrito. 2. La parte que, no obstante, desee presentar un nuevo DOCUMENTO después del cierre del procedimiento escrito, incluso durante el procedimiento oral, de conformidad con el artículo 56, párrafos 1 y 2, del Reglamento, deberá explicar por qué considera necesario incluir el DOCUMENTO en el expediente e indicará las razones que impidieron la presentación del DOCUMENTO en una etapa anterior. 3. A falta de consentimiento de la otra parte, el tribunal autorizará la presentación del nuevo DOCUMENTO sólo en circunstancias excepcionales, si lo considera necesario y si la presentación del DOCUMENTO en esta etapa del procedimiento le parece justificada. 4. Si se ha agregado al expediente un nuevo DOCUMENTO en virtud del artículo 56 del Reglamento de la Corte, la otra parte, al comentarlo, limitará la introducción de cualquier otro DOCUMENTO a lo estrictamente necesario y pertinente para sus comentarios sobre lo que contiene este nuevo DOCUMENTO. Serían igualmente aplicables a esta directiva: Si bien la Corte determinará, en el contexto de un caso particular, si un DOCUMENTO al que se refiere el Artículo 56, párrafo 4, del Reglamento de la Corte, puede ser considerado “parte de una publicación fácilmente disponible”, desea dejar claro a las partes que los dos criterios siguientes deben cumplirse siempre que se aplique esa disposición. ( i ) Primero, el DOCUMENTO debe formar “parte de una publicación”, es decir , debe estar disponible en el dominio público. La publicación puede ser en cualquier formato (impreso o electrónico), forma (física o en línea, como publicada en Internet) o en cualquier soporte de datos (en papel, en formato digital o en cualquier otro medio). (ii) En segundo lugar, el requisito de que una publicación esté “fácilmente disponible” se evaluará con referencia a su accesibilidad para la Corte, así como para la otra parte. Por lo tanto , la publicación o sus partes pertinentes deben ser accesibles en cualquiera de los idiomas oficiales de la Corte, y debe ser posible consultar la publicación dentro de un período de tiempo razonablemente corto. Esto significa que una parte que desee hacer referencia durante el procedimiento oral a un nuevo DOCUMENTO que emana de una publicación que no es accesible en uno de los idiomas oficiales de la Corte debe presentar una traducción de ese DOCUMENTO a uno de estos idiomas certificada como exacta.3. Para demostrar que un DOCUMENTO es parte de una publicación fácilmente disponible de conformidad con el párrafo 2 anterior y para garantizar la correcta administración del proceso judicial, una parte al referirse al contenido de un DOCUMENTO en virtud del Artículo 56, párrafo 4, del Reglamento de la Corte, debe dar la referencia necesaria para la consulta rápida del DOCUMENTO, a menos que la fuente de la publicación sea bien conocida (por ejemplo, DOCUMENTOS de las Naciones Unidas, colecciones de tratados internacionales, monografías importantes sobre derecho internacional, obras de referencia establecidas, etc. .).
